Nexo, una plataforma de préstamos de criptomonedas, ha tomado una importante medida legal contra la República de Bulgaria, solicitando 3 mil millones de euros en daños y perjuicios. Esta demanda de arbitraje, presentada a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en Washington, DC, se centra en acusaciones de que Bulgaria participó en acciones ilícitas y políticamente motivadas contra la empresa.
Los orígenes de este conflicto se remontan a una investigación iniciada por los fiscales búlgaros a principios de 2023. Las oficinas de Nexo fueron allanadas por acusaciones de participación en un grupo delictivo organizado destinado a beneficiarse de los préstamos de criptomonedas. Cuatro ciudadanos búlgaros, incluidos los cofundadores de Nexo, Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Trayan Nikolov y Kalin Metodiev, fueron acusados tras estas redadas. Sin embargo, en diciembre de 2023, el caso se abandonó debido a la falta de pruebas y a la ausencia en Bulgaria de un marco legal para los criptoactivos.
Nexo alega que la investigación carecía de fundamento y ha tenido un grave impacto en sus operaciones comerciales y su reputación. La compañía afirma que estaba en proceso de trabajar con bancos estadounidenses en una oferta pública inicial (IPO), con una valoración estimada entre 8 y 12 mil millones de euros. Además, según se informa, Nexo estaba a punto de cerrar un acuerdo de patrocinio con un importante club de fútbol europeo, lo que habría aumentado significativamente su exposición global. Ambas oportunidades lucrativas se perdieron debido a la investigación.
Además de estos reveses, Nexo también enfrentó desafíos legales en Estados Unidos. La compañía acordó un acuerdo de 45 millones de euros con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte (NASAA) sobre su producto Earn Interest. Esto llevó a Nexo a suspender el producto en abril y, finalmente, a cerrar sus operaciones en EE. UU., citando una falta de claridad regulatoria.
El equipo legal de Nexo, dirigido por el bufete de abogados estadounidense Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, sostiene que la investigación de las autoridades búlgaras fue injustificada y opresiva, lo que provocó importantes daños financieros y de reputación. La demanda, presentada por la filial suiza de Nexo, Nexo AG, busca recuperar las oportunidades perdidas y los daños causados por las acusaciones.
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