El Moneda digital del banco central (CBDC) La Ley Estatal Antivigilancia, que fue presentada por el congresista Tom Emmer, simboliza un nivel creciente de preocupación dentro del panorama político de los Estados Unidos de América sobre los posibles peligros que puede plantear una moneda digital emitida por el gobierno. La aprobación de esta legislación resalta la necesidad de tener una conversación sobre el futuro del dinero en la era digital, así como las implicaciones del monitoreo gubernamental y la privacidad financiera.
La Ley Estatal Anti-Monitoreo de CBDC, que fue reintroducida por Tom Emmer, también conocido como Majority Whip, tiene como objetivo abordar el potencial de aumentar el monitoreo y control federal que puede ser posible gracias a una moneda digital emitida de manera centralizada. Una moneda digital del banco central (CBDC) sería una moneda digital emitida por el gobierno que operaría en un libro de contabilidad digital controlado por el gobierno, a diferencia de las criptomonedas descentralizadas como bitcóin. Esta supervisión central genera preocupación sobre la posibilidad de realizar un seguimiento de las transacciones y restringir las libertades que los individuos tienen en su vida financiera. El hecho de que Emmer vaya a reintroducir la ley en 2023, después de haberla propuesto por primera vez en enero de 2022, pone de relieve la naturaleza crítica de estas cuestiones a la luz del sector financiero digital en rápida evolución.
El objetivo principal de la Ley Estatal Antivigilancia de CBDC es prohibir a la Reserva Federal emitir una CBDC directamente a las personas. Si esto ocurriera, la Reserva Federal se transformaría en un banco minorista que tendría acceso a datos financieros personales. Además, la ley pretende impedir que la Reserva Federal utilice una CBDC para llevar a cabo la aplicación de su política monetaria. El propósito de esta iniciativa es garantizar que una CBDC emitida por el gobierno no se convierta en una herramienta de monitoreo gubernamental, similar a las actividades que se ven en países autoritarios, si no está diseñada para ser abierta y privada de la misma manera que existe efectivo. De las disposiciones precisas del proyecto de ley se desprende claramente que el gobierno está adoptando un enfoque cauteloso al acoger los avances en el dinero digital y al mismo tiempo poner énfasis en la privacidad individual y la libertad financiera.
Aunque la Ley Estatal Antivigilancia de la CBDC contó inicialmente con el apoyo de cincuenta copatrocinadores, desde entonces ha obtenido un apoyo cada vez mayor, con setenta y cinco miembros del Congreso de un total de quinientos treinta y cinco que respaldan la medida en sí. Existe una creciente conciencia y preocupación entre los políticos sobre el posible abuso de las monedas digitales para su seguimiento y control, lo que se pone de relieve por el mayor apoyo que están recibiendo estas monedas. El proyecto de ley ha atraído la atención de una variedad de círculos políticos y económicos, con argumentos centrados en la diferencia entre un modelo de dinero digital regulado por el gobierno y un enfoque que se basa en los principios del libre mercado y protege los datos de los clientes al tiempo que fomenta la innovación. .
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